Desde el punto de vista del servicio técnico, el patrón es claro: dispositivos que podrían durar años presentan fallas concentradas en componentes específicos, muchas veces no reemplazables o con costos desproporcionados. Baterías selladas, módulos integrados y repuestos restringidos son parte del problema. La obsolescencia programada no siempre implica un plan deliberado para que algo falle, pero sí es consecuencia de decisiones industriales orientadas a reducir costos, acelerar ciclos de consumo y simplificar logística. El resultado práctico es el mismo: equipos con menor vida útil real. Reparar no siempre es la mejor opción, y reemplazar tampoco debería ser automático. La decisión racional surge de evaluar costo, impacto ambiental, prestaciones reales del equipo nuevo y necesidades concretas del usuario. El llamado “derecho a reparar” no busca impedir la innovación, sino devolver al usuario la capacidad de elegir. Más información, acceso a repuestos y diseños más reparables generan un ecosistema más equilibrado y sostenible.